España se enfrenta este miércoles el examen de
Bruselas sobre la situación de nuestra economía. Europa debe decidir si el país
va en la dirección adecuada y si los problemas están siendo tratados con la
medicina correcta. Si no pasamos el test, nos pueden imponer nuevas y
dolorosas medidas de ajuste e incluso sanciones.
El Gobierno se apresura en tener preparada una de las
reformas clave que se nos va a pedir en esa prueba: el ajuste de las pensiones.
La factura en pago de jubilaciones se ha disparado -supera los 7.600 millones
al mes y crece por encima del 4% anual-, y lo que es peor, los gastos superan
los ingresos ordinarios de la Seguridad Social por cotizaciones obtenidas de
las personas que trabajan.
¿Qué va a pasar entonces con las pensiones actuales?
¿Y con las futuras? Después del primer tijeretazo aplicado este año, en el que
no se ha recuperado el poder adquisitivo perdido en 2012 y las más altas no han
subido la inflación prevista para 2013, ahora lo que se avecina es una pérdida
probable de poder de compra en los próximos años.
El Gobierno creó una comisión de expertos para que
analizara la situación y planteara soluciones. Ese equipo de trabajo está a
punto de presentar el documento final y en él se aboga por acabar con la
actualización de las pensiones vinculada al índice de precios al consumo (IPC). Para sustituirla,
propugnan una fórmula que las actualice de forma automática cada año atendiendo
a la salud de las cuentas del sistema. Ahora bien, plantean límites: si del
resultado de la ecuación se desprenden bajadas importantes, éstas nunca podrán ser
de tal calibre que las pensiones dejen de “ser suficientes”; si lo que resulta
son incrementos sustanciales, ponen un tope: el IPC.
Los expertos piden que
este nuevo ajuste de las pensiones se adelante a 2104, aunque dejan
abierta la opción de aplicarlo en 2019. El sistema consistirá en un doble
mecanismo que, por un lado, actualizará cada año la pensión de los ya jubilados
atendiendo a los ingresos y los gastos de la Seguridad
Social, y, por otro, ajustará las prestaciones de quienes tienen
que jubilarse tras la reforma según la esperanza de vida.
El resultado en una situación como la actual sería la
bajada de las pensiones. Para evitarlo, el propio comité de expertos propone
que esto no pueda suceder si afecta a los jubilados actuales o a los más
próximos al retiro y pide que cuando la ecuación resulte negativa, al menos, se
asegure la cuantía nominal de la pensión. Lo que está más en cuestión es la
cuantía de las pensiones futuras. El comité de expertos no propone cambios en
la edad legal de jubilación, que sigue su retraso hasta los 67 años en 2027.
El siguiente paso será negociar el documento entre
Gobierno, sindicatos y empresarios y al mismo tiempo que se debate en el
Parlamento. De este último trámite saldrá la configuración definitiva de ese
factor de sostenibilidad de las pensiones, un nuevo modelo para hacer frente al
aumento de la esperanza de vida y al fuerte impacto de la crisis económica en
las cuentas de la Seguridad Social.
