Dada la
preocupación de los españoles sobre el tema pensiones, transcribo por el
presente artículo, algo que he considerado muy interesante y que fue publicado
recientemente en una editorial del periódico “El País”
El nuevo Gobierno debe
impulsar un gran pacto para reformar la financiación del sistema.
Es, sin duda, la primera reforma que debe afrontar el nuevo Gobierno. Afecta a 9,5
millones de pensionistas, de los cuales en torno a 6 millones perciben una
jubilación y la evolución demográfica en nuestro país augura la ruina del
sistema si no se toman medidas. El sistema público de pensiones requerirá 120.000 millones
de euros este año, lo que supone en torno a un tercio del gasto público
total de España y equivale al doble del gasto en Sanidad y tres veces el de
Educación. La hucha, que se fue llenando en los años de mayor crecimiento
económico y de empleo, se vaciará en diciembre de 2017.
Pocos problemas
socioeconómicos están tan bien diagnosticados como el de las pensiones públicas
contributivas. El sistema de reparto vigente implica que los trabajadores
activos de hoy pagan las percepciones de los jubilados de hoy. No hay previsión
ni capitalización. El sistema está topado por una cotización máxima que se
detrae de la remuneración de los activos y por una pensión máxima. Este sistema
de reparto ha entrado en crisis en un momento político delicado (más de 300 días sin Gobierno efectivo).
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Entiéndase por crisis
no una quiebra del sistema y el impago de las percepciones. Un sistema de
reparto como el vigente en España tiene garantizado en torno al 10% del PIB en
ingresos. Los pensionistas siempre dispondrán de ese 10%; pero si el PIB cae,
el número de los pensionistas aumenta, la pensión se prolonga o aparecen otros
desequilibrios internos, la pensión será menor y el poder adquisitivo puede
hundirse. La crisis así entendida se ha hecho evidente por el rápido agotamiento del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social (la hucha) que ha pasado de un
depósito de más de 60.000 millones a guardar hoy apenas 24.000 .
El sistema de pensiones
públicas necesita una reforma en profundidad. No un cambio de modelo, sino un
patrón más adecuado de gestión y financiación. Con sueldos más bajos, la
cotización cae aunque la afiliación aumente; con contratos temporales, sucede
lo mismo. La suposición de que la crisis actual del sistema es coyuntural y el
déficit del sistema (unos 17.000 millones) desaparecerá con rentas más altas y
empleo más estable es demasiado. Es
probable que la caída de rentas salariales y el estancamiento del empleo fijo
hayan llegado para quedarse.
Mientras tanto, los
gastos del sistema crecen, por efecto del mayor acopio de jubilaciones, porque
las pensiones cada vez son más altas, porque la relación entre cotizantes y
pensionistas se deteriora y porque el sistema de reparto no puede sostener una
afluencia creciente de jubilados con largos periodos de percepción y
subsistencia. El factor que pone en peligro la financiación del sistema a largo
plazo no es el paro, ni la depresión salarial, sino la persistente ampliación
del periodo que media entre el comienzo de la percepción y el momento del
fallecimiento del pensionista. Este plazo crece por el aumento de la esperanza de vida; aumenta y dilata el
coste de las percepciones, mientras que los ingresos por cotizaciones se
mantienen en el mismo porcentaje de PIB.
La pregunta crucial
para el jubilado o al borde de la jubilación es si percibirá su pensión sin
merma de cuantía, de derechos (¿por qué los futuros pensionistas no van a
percibir la misma pensión que los actuales si cotizan igual?) y de poder
adquisitivo durante su vida. La respuesta es que si no se toman ya medidas
correctivas, el sistema entrará en crisis (riesgo de recorte de las
percepciones) en los próximos cinco años.
Reforma perentoria
El agotamiento de la
hucha implica que a partir de diciembre de 2017 el desequilibrio entre ingresos
y pagos del sistema pasa a constituirse en deuda y deberá ser soportado por el Presupuesto
en forma de endeudamiento. A nadie se le escapa que el Presupuesto del Estado difícilmente
puede soportar, con su estructura actual de ingresos y gastos, un esfuerzo
financiero de 15.000 millones, que es lo que costaría absorber las pensiones de
viudedad y orfandad. Sin contar con el hecho de que las cuentas del Estado
sufren vaivenes cíclicos más acusados que las cotizaciones.
¿En qué consistiría la
reforma financiera o corrección del sistema de pensiones públicas? A título
indicativo, el paso inicial es un acuerdo político-social sobre una reforma
profunda dentro del actual sistema de reparto. El acuerdo trasciende el Pacto
de Toledo; debe implicar un compromiso de los agentes políticos y sociales a
largo plazo, porque el modelo vigente implica una distancia creciente en el
periodo de percepción de la pensión. Importan por supuesto y mucho las
decisiones de reforma a corto plazo, para prevenir los recortes. En el marco de
ese acuerdo deseable parece oportuno explorar algunas vías de acción. Como
estas:
1. Respaldo
presupuestario, en lo que permita la política de estabilidad, de los derechos
de los trabajadores activos y los jubilados.
2. Supresión rápida y
ordenada de las exenciones y reducciones de cotización (como las tarifas
planas) que se aplican como estímulo a la creación de empleo e incentivan poco
o nada.
3. Sondear la
posibilidad de crear recargos fiscales transitorios (en Renta o en Sociedades),
para hacer frente al descenso de ingresos. El PSOE ya ha propuesto un tributo
especial.
4. Calcular el impacto
y consecuencias de eliminar parcialmente el tope máximo de cotización, quizá
aplicable a las rentas salariales más altas. En este punto, el debate es
enconado porque se supone que eliminar el tope de cotización debería tener como
consecuencia un aumento correlativo de la pensión máxima. Según los más
cautelosos, implicaría un encarecimiento del factor trabajo.
5. Reforma o recorte
de la pensión de viudedad, pensada inicialmente como una compensación en un
mercado laboral con escasa presencia de la mujer. Podría considerarse la
sustitución del régimen actual por una prestación pagada por una sola vez.
6. Ampliación efectiva
de la edad de jubilación, pactada con las empresas. En este ámbito, sería
oportuno sondear también la modificación de las normas que impiden a un
jubilado seguir trabajando, siempre y cuando pague una cotización.
La reforma no es
trágica, pero sí perentoria. Lo que se decide sobre pensiones surte efecto a
largo plazo. No hay margen para parches demagógicos, ni demoras.
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